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Catorce periodistas fueron detenidos en Caracas mientras cubrían la sesión inicial de la Asamblea Nacional, y otros dos en la frontera de Cúcuta con San Antonio del Táchira. Todos fueron liberados posteriormente, pero se les borró todo el material. El pretexto fue el estado de excepción por conmoción externa, bajo el argumento de que la cobertura no autorizada atenta contra la seguridad nacional. Un reportero extranjero fue expulsado.
A pesar de que la Constitución establece que el derecho a la información no puede ser restringido en estados de excepción, en el país se viola la práctica del periodismo y el derecho a la información. Además de las detenciones, se han revisado móviles, exigido contraseñas y borrado información a los periodistas. Más de 800 presos políticos permanecen en Venezuela, incluidos 22 periodistas. La disidencia política es satanizada y criminalizada. Hay una política estatal para silenciar la información, cerrando medios y bloqueando plataformas digitales.
Los ciudadanos se informan a través de redes sociales debido a la censura en los medios tradicionales. La información en televisión es limitada, con un enfoque en contenido trivial en lugar de noticias importantes, lo cual es parte de la política de silenciar y evitar que los ciudadanos tengan acceso a información imparcial. Para los periodistas en Venezuela el cubrimiento informativo se ha vuelto más complicado, ya que son perseguidos y se han convertido en un objetivo político. Se les amenaza, detiene sin orden judicial y se les niega acceso a abogados y a sus familias, vulnerando su derecho al debido proceso.
El Valle Canelón, periodista venezolana, afirma que no ha habido un cambio de régimen, sino solo un cambio de personaje entre Nicolás Maduro y Delsy Rodríguez. Denuncia el estado de conmoción externa, que si bien suspende garantías, no debería afectar los derechos a la vida, libertad de expresión y debido proceso, los cuales no han sido garantizados por el régimen venezolano. Muchos presos políticos, incluidos periodistas, han estado incomunicados por largos periodos y no tienen acceso a atención médica ni abogados.
Entre los 21 periodistas detenidos, algunos cubrían para un partido político opositor, lo cual es un empleo legal pero se utiliza para imputarles delitos como traición a la patria. Otro caso grave es el de un colega que lleva casi cuatro años detenido por una entrevista, y que ha sido maltratado y ha visto deteriorada su salud. El caso de Nacar Mena, detenida junto a su esposo por un reportaje sobre seguridad, con un hijo de cinco años, es otro ejemplo de la represión. Estos periodistas son víctimas de violaciones a sus derechos y el debido proceso.
No hay una luz de esperanza clara para un cambio en Venezuela. La única esperanza es la liberación de los colegas detenidos, por lo que las organizaciones de derechos humanos piden su liberación diaria. El gobierno venezolano no ha explicado cuáles son los próximos pasos, mientras que el gobierno de Estados Unidos no ha hecho referencia a la liberación de los presos políticos. Las organizaciones insisten en que cualquier transición política en Venezuela debe empezar con la liberación de los presos políticos.